Declaracion de emergencia en materia de litigiosidad previsional

Declaración de “emergencia en materia de litigiosidad previsional”

     La Ley de la Administración Nacional de la Seguridad Social que crea el Programa Nacional de Reparación Histórica prevé abonar la deuda que posee el Estado con numerosos jubilados y pensionados estableciendo un plazo para la cancelación del crédito de tres años prorrogable por tres años más.

     El artículo 1º del Proyecto, no debe formar parte de la norma a dictarse.

     El proyecto declara en su art. 1º la “ emergencia en materia de litigiosidad previsional”, fundando esta decisión en la existencia de cientos de miles de reclamos judiciales “ que no han tenido una respuesta satisfactoria desde el Estado Nacional, acumulándose así una importante deuda con los jubilados”.

     La declaración de emergencia en materia de litigiosidad previsional hace suponer que aquello con lo que el Estado no ha cumplido es “con los juicios”. Lo que en realidad no ocurrió en estos años es que: 1) se liquide correctamente el haber inicial; y 2) Se otorgue correcta movilidad al mismo; esto es lo que genera juicios. Entonces, la litigiosidad es solo un efecto de la problemática de incorrecto cálculo de la jubilación y su insuficiente movilidad.

     El punto de vista desde el que se encare una “solución” no es atacando el “efecto” (los juicios), sino la causa (cálculo incorrecto de la jubilación y su movilidad). Solo así terminarán los juicios y no se iniciarán nuevos.

     De allí que declarar una emergencia en “materia de litigiosidad” (con el solo fin de ofertar un aumento jubilatorio a cambio de dejar sin efecto un juicio) entraña el peligro de habilitar medidas que impliquen una eventual restricción o suspensión de derechos respecto –precisamente- de aquellos que no acepten la oferta y quieran continuar con sus juicios o esperar el pago de una sentencia que ya se encuentre firme.

Utilización, para la actualización de las remuneraciones, de un índice diferente e inferior al reconocido por la Justicia

     Es de suponer que un Importante número de jubilados continuarán con sus juicios y muchos más decidirán esperar el pago de la sentencia si esta se encuentra firme. Todo ello debido a la gran diferencia existente entre los distintos índices que se aplicarán por el cálculo del haber y de las retroactividades.

     Esta oferta arrojará un monto menor por tres razones: 1) por la elección de un índice de actualización de remuneraciones diferente y notablemente menor al contemplado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente “Elliff, Alberto José (CSJN-ago. 2009); 2) por el mantenimiento, en el cálculo de haber jubilatorio, de topes y quitas que han sido declarados inconstitucionales por el Supremo Tribunal; y 3) por la falta de actualización de los montos del tope máximo jubilatorio y de la remuneración imponible máxima.

No cumplimiento de las sentencias firmes, en los términos en los que se dictaron

     Es fundamental señalar que un juicio con sentencia firme Anses está obligada a efectivizarlo en un plazo de 120 días hábiles a partir de la fecha de notificación correspondiente.

     Ante la imposibilidad de su cumplimiento la Ley prevé un mecanismo de cancelación en un primer pago del 50% y el saldo en 12 cuotas trimestrales actualizado según movilidad, ya no puede ser objeto de transacción en tanto modo anormal de terminación del proceso (cfr. Art. 308, CPCCN), básicamente, porque ya no hay obligaciones litigiosas o dudosas arts. 1641,1644,1645,y 1647 CC y CN; (art. 15 de LCT) sino derechos reconocidos, con lo cual se estaría vulnerando el principio de irrenunciabilidad, art. 14 bis de la Constitución Nacional, aplicable en materia laboral y de seguridad social – y con ello, toda posibilidad válida de homologación judicial.

     Una transacción implica concesiones recíprocas, lo que no ocurre en estos casos, puesto que el Estado propone al jubilado a adherir a un cierto núcleo duro de condiciones sobre los que versa la ley; por lo tanto, estamos frente a un contrato de adhesión en los términos transaccionales del Código Civil y Comercial de la Nación. Por otro lado el jubilado cede agobiado por la espera para hacer efectivo su derecho y por la necesidad en que se encuentra en general por lo avanzado de su edad. Es decir la voluntad del jubilado está viciada. El Estado lo único que cede, si es que cede en algo, es la voluntad de pagar y eso no es algo que esté interpelado, cuestionado. El Estado está obligado a pagar.

     Si verdaderamente se busca hacer justicia, al núcleo de jubilados que tiene un estado de necesidad imperante, ya sea por la edad mayor a 80 años o por enfermedad terminal, corresponde se le pague íntegramente todo lo que se debe sin aplicación de ningún tope considerado inconstitucional, solo así, existe concesión del Estado, en pos de mejorar a un grupo sensible; y la desigualdad se encontraría fundada en una mejoría a aquellos que están en peor circunstancia.

     En rigor, las sentencias firmes deben cumplirse por respeto a la cosa juzgada y al carácter no solo alimentario, sino “irrenunciable” de los beneficios de la seguridad social, tal como lo establece la Constitución Nacional; y no sólo aquellas que haya quedado firmes al 30 de mayo último, sino todas las que se vayan dictando en el futuro.

Encuadre en un grupo o en otro conforme el estado a una fecha muy anterior a la que el jubilado puede aceptar la oferta

     La Ley prevé que el jubilado forma parte del grupo “con sentencia firme” o “ en juicio “ pero sin sentencia firme” o “sin juicio”, conforme la situación al 27 de mayo de 2016.

     Esto genera una gran injusticia, ya que si se ha dicho que se va a ofertar una mejora a 2.350.000 jubilados y pensionados, con una edad promedio de 74 años, y esto va a ocurrir en el lapso de 3 años, puede entenderse que a los beneficiarios de 74 años se les efectuará la oferta, o al menos, podrán aceptarla, a fines de 2017 y a todos los menores a esa edad de 2018 en adelante.

     Entonces, a personas que recién en 2018 podrán aceptar y cobrar, se los incorporará en uno y otro grupo (con sus importantes diferencias) según el estado a mayo de 2016.

     Esto es particularmente grave respecto de aquellas personas que obtendrán sentencia firme en los próximos meses y que, no pagándose la misma, la oferta a realizárseles los compute como “sin sentencia firme”.

     De esta forma, se desanima a este grupo a aceptar aquella propuesta en el futuro, dándose una gran desigualdad, en virtud que a medida que el tiempo transcurra se aleja de la fecha de corte de mayo de 2016.

     Es claro que la pertenencia a uno u otro grupo debe determinarse al momento en que el beneficiario se encuentre en condiciones de aceptar la oferta.

No incorporación, en la oferta de reajuste, de los beneficios otorgados por el ex régimen de capitalización individual

     No resulta ni justo, ni razonable, ni igualitario, que no se reconózcanlos derechos que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reconocido a los beneficios otorgados por el ex régimen de capitalización individual.

     Esto son, el otorgamiento del complemento al haber mínimo, en los casos en que la prestación es menor a dicho monto (precedente “Etchart, Fernando M”- CSJN, oct-2015) y el reconocimiento de pago, por parte del Estado, de la diferencia con el haber que- por la misma contingencia y con las mismas remuneraciones y demás condiciones- se hubiera obtenido en el régimen de reparto (precedente “Deprati, Adrián F.”-CSJN, feb-2016). Los fundamentos de ambos fallos son contundentes y basados en profundas garantías constitucionales incumplidas.

En el primer caso, por falta de previsión de las sucesivas normativas, situación tampoco contemplada en el proyecto, existe una importante

cantidad de pensiones por fallecimiento que hoy se abonan por compañías de seguros de retiro por montos muy inferiores al haber mínimo vigente (existen casos de cobro de $ 1000 o 600 como prestación de pensión por fallecimiento, cifras irrisorias tratándose de una prestación de clara naturaleza alimentaria.

No incorporación de otros beneficiarios de leyes generales que cuentan con precedentes de la CSJN

     Debe tenerse presente que por Acordada 14/2014 la CSJN se dirigió al Poder Ejecutivo Nacional “a fin (…) de solicitar que se considere la necesidad o conveniencia de poner en ejercicio sus facultades como Jefe del Gobierno de la Administración Central de la República, a fin de disponer lo necesario para que agencias bajo su ámbito lleven a cabo un acatamiento institucional de las decisiones reiteradamente tomadas por esta Corte como tribunal supremo y último intérprete de la Constitución nacional y de sus leyes reglamentarias, en materia de determinación del haber inicial, de movilidad del haber, y de todo otra materia en que se hayan establecido consistentemente reglas de derecho; y de adoptar toda otra medida que se considere apropiada para el mejor logro del propósito que se persigue”.

     Las facultades extraordinarias que los poderes políticos ejercen en situaciones de emergencia deben adecuarse a los principios establecidos en la Constitución Nacional.

     Toda declaración de emergencia sea por decreto de necesidad y urgencia o por ley, se traduce en una gama infinita, y por cierto imprevisible, de posibilidades de cercenamiento de derechos; siempre importa una restricción a los particulares y una correlativa ampliación de facultades del Poder Ejecutivo, y por ello, su declaración solo se justifica frente a una situación límite y extraordinaria. La situación previsional argentina en

absoluto se encuadra en ese supuesto. La declaración de emergencia resulta para el caso, cuánto menos, innecesaria.

Consejo de Sustentabilidad Previsional

     El Proyecto, en su artículo 12, dispone la creación de un Consejo de Sustentabilidad Previsional, en el ámbito del Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social, cuyo objetivo será la elaboración de un proyecto de ley que contenga un nuevo régimen previsional. Proponemos que el mismo sea un régimen público y de reparto ya que nuestra Asociación tiene como principio rector la defensa del sistema Previsional Público.

     En el Proyecto, respecto del recálculo del haber inicial, el único ítem sobre el que se propone trabajar es el de la actualización de las remuneraciones. Sin embargo, un importantísimo número de jubilados ha cotizado, total o parcialmente, como trabajador autónomo y respecto cotizaciones o se aplicará ninguna de las pautas que la Corte Suprema ha establecido desde hace 30 años.

     A más de estos precedentes, existen en aplicación judicial fallos trascendentes de la Corte Suprema de la Nación en materia de topes (Argento, Federico Ernesto” – CSJN, A. 458. XL R.O.,26/03/2013; “Barrios Idilio Anelio” – CSJN, 21/08/2013), de reajuste de la Prestación Básica Universal (“Quiroga, Carlos Alberto” – CSJN – 11/11/14). Ninguna de estas sentencias de la Corte Suprema son tenidas en cuenta en los acuerdos transaccionales que propone el proyecto.

     Resulta innecesaria la inclusión de la respectiva prerrogativa en la ley, toda vez que constituye una facultad regular del Poder Ejecutivo la de constituir Comisiones en el ámbito de sus reparticiones y dependencias.

     Pero, lo importante, es que el proyecto omite la mención a que régimen se pretende dirigir la futura norma previsional, al régimen público y de reparto, o a un sistema de capitalización, que ya sabemos donde los lleva.-

     Resulta incuestionable la obligación indelegable del Estado de asegurar los beneficios de la seguridad social, tal como establece la Constitución Nacional.

En ese entendimiento es imprescindible la incorporación de esos términos, público y de reparto, en cualquier reforma previsional que se pretenda encarar.

     Se desprende de lo manifestado y de los argumentos vertidos en el presente que, la Ley que se pretende implementar se puede tildar a futuro de inconstitucional y nuestra Asociación debe bregar para que se cumpla con lo dispuesto en la Carta Magna y se respeten los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Declaración de “emergencia en materia de litigiosidad previsional”

     La Ley de la Administración Nacional de la Seguridad Social que crea el Programa Nacional de Reparación Histórica prevé abonar la deuda que posee el Estado con numerosos jubilados y pensionados estableciendo un plazo para la cancelación del crédito de tres años prorrogable por tres años más.

     El artículo 1º del Proyecto, no debe formar parte de la norma a dictarse.

     El proyecto declara en su art. 1º la “ emergencia en materia de litigiosidad previsional”, fundando esta decisión en la existencia de cientos de miles de reclamos judiciales “ que no han tenido una respuesta satisfactoria desde el Estado Nacional, acumulándose así una importante deuda con los jubilados”.

     La declaración de emergencia en materia de litigiosidad previsional hace suponer que aquello con lo que el Estado no ha cumplido es “con los juicios”. Lo que en realidad no ocurrió en estos años es que: 1) se liquide correctamente el haber inicial; y 2) Se otorgue correcta movilidad al mismo; esto es lo que genera juicios. Entonces, la litigiosidad es solo un efecto de la problemática de incorrecto cálculo de la jubilación y su insuficiente movilidad.

     El punto de vista desde el que se encare una “solución” no es atacando el “efecto” (los juicios), sino la causa (cálculo incorrecto de la jubilación y su movilidad). Solo así terminarán los juicios y no se iniciarán nuevos.

     De allí que declarar una emergencia en “materia de litigiosidad” (con el solo fin de ofertar un aumento jubilatorio a cambio de dejar sin efecto un juicio) entraña el peligro de habilitar medidas que impliquen una eventual restricción o suspensión de derechos respecto –precisamente- de aquellos que no acepten la oferta y quieran continuar con sus juicios o esperar el pago de una sentencia que ya se encuentre firme.

Utilización, para la actualización de las remuneraciones, de un índice diferente e inferior al reconocido por la Justicia

     Es de suponer que un Importante número de jubilados continuarán con sus juicios y muchos más decidirán esperar el pago de la sentencia si esta se encuentra firme. Todo ello debido a la gran diferencia existente entre los distintos índices que se aplicarán por el cálculo del haber y de las retroactividades.

     Esta oferta arrojará un monto menor por tres razones: 1) por la elección de un índice de actualización de remuneraciones diferente y notablemente menor al contemplado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente “Elliff, Alberto José (CSJN-ago. 2009); 2) por el mantenimiento, en el cálculo de haber jubilatorio, de topes y quitas que han sido declarados inconstitucionales por el Supremo Tribunal; y 3) por la falta de actualización de los montos del tope máximo jubilatorio y de la remuneración imponible máxima.

No cumplimiento de las sentencias firmes, en los términos en los que se dictaron

     Es fundamental señalar que un juicio con sentencia firme Anses está obligada a efectivizarlo en un plazo de 120 días hábiles a partir de la fecha de notificación correspondiente.

     Ante la imposibilidad de su cumplimiento la Ley prevé un mecanismo de cancelación en un primer pago del 50% y el saldo en 12 cuotas trimestrales actualizado según movilidad, ya no puede ser objeto de transacción en tanto modo anormal de terminación del proceso (cfr. Art. 308, CPCCN), básicamente, porque ya no hay obligaciones litigiosas o dudosas arts. 1641,1644,1645,y 1647 CC y CN; (art. 15 de LCT) sino derechos reconocidos, con lo cual se estaría vulnerando el principio de irrenunciabilidad, art. 14 bis de la Constitución Nacional, aplicable en materia laboral y de seguridad social – y con ello, toda posibilidad válida de homologación judicial.

     Una transacción implica concesiones recíprocas, lo que no ocurre en estos casos, puesto que el Estado propone al jubilado a adherir a un cierto núcleo duro de condiciones sobre los que versa la ley; por lo tanto, estamos frente a un contrato de adhesión en los términos transaccionales del Código Civil y Comercial de la Nación. Por otro lado el jubilado cede agobiado por la espera para hacer efectivo su derecho y por la necesidad en que se encuentra en general por lo avanzado de su edad. Es decir la voluntad del jubilado está viciada. El Estado lo único que cede, si es que cede en algo, es la voluntad de pagar y eso no es algo que esté interpelado, cuestionado. El Estado está obligado a pagar.

     Si verdaderamente se busca hacer justicia, al núcleo de jubilados que tiene un estado de necesidad imperante, ya sea por la edad mayor a 80 años o por enfermedad terminal, corresponde se le pague íntegramente todo lo que se debe sin aplicación de ningún tope considerado inconstitucional, solo así, existe concesión del Estado, en pos de mejorar a un grupo sensible; y la desigualdad se encontraría fundada en una mejoría a aquellos que están en peor circunstancia.

     En rigor, las sentencias firmes deben cumplirse por respeto a la cosa juzgada y al carácter no solo alimentario, sino “irrenunciable” de los beneficios de la seguridad social, tal como lo establece la Constitución Nacional; y no sólo aquellas que haya quedado firmes al 30 de mayo último, sino todas las que se vayan dictando en el futuro.

Encuadre en un grupo o en otro conforme el estado a una fecha muy anterior a la que el jubilado puede aceptar la oferta

     La Ley prevé que el jubilado forma parte del grupo “con sentencia firme” o “ en juicio “ pero sin sentencia firme” o “sin juicio”, conforme la situación al 27 de mayo de 2016.

     Esto genera una gran injusticia, ya que si se ha dicho que se va a ofertar una mejora a 2.350.000 jubilados y pensionados, con una edad promedio de 74 años, y esto va a ocurrir en el lapso de 3 años, puede entenderse que a los beneficiarios de 74 años se les efectuará la oferta, o al menos, podrán aceptarla, a fines de 2017 y a todos los menores a esa edad de 2018 en adelante.

     Entonces, a personas que recién en 2018 podrán aceptar y cobrar, se los incorporará en uno y otro grupo (con sus importantes diferencias) según el estado a mayo de 2016.

     Esto es particularmente grave respecto de aquellas personas que obtendrán sentencia firme en los próximos meses y que, no pagándose la misma, la oferta a realizárseles los compute como “sin sentencia firme”.

     De esta forma, se desanima a este grupo a aceptar aquella propuesta en el futuro, dándose una gran desigualdad, en virtud que a medida que el tiempo transcurra se aleja de la fecha de corte de mayo de 2016.

     Es claro que la pertenencia a uno u otro grupo debe determinarse al momento en que el beneficiario se encuentre en condiciones de aceptar la oferta.

No incorporación, en la oferta de reajuste, de los beneficios otorgados por el ex régimen de capitalización individual

     No resulta ni justo, ni razonable, ni igualitario, que no se reconózcanlos derechos que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reconocido a los beneficios otorgados por el ex régimen de capitalización individual.

     Esto son, el otorgamiento del complemento al haber mínimo, en los casos en que la prestación es menor a dicho monto (precedente “Etchart, Fernando M”- CSJN, oct-2015) y el reconocimiento de pago, por parte del Estado, de la diferencia con el haber que- por la misma contingencia y con las mismas remuneraciones y demás condiciones- se hubiera obtenido en el régimen de reparto (precedente “Deprati, Adrián F.”-CSJN, feb-2016). Los fundamentos de ambos fallos son contundentes y basados en profundas garantías constitucionales incumplidas.

En el primer caso, por falta de previsión de las sucesivas normativas, situación tampoco contemplada en el proyecto, existe una importante

cantidad de pensiones por fallecimiento que hoy se abonan por compañías de seguros de retiro por montos muy inferiores al haber mínimo vigente (existen casos de cobro de $ 1000 o 600 como prestación de pensión por fallecimiento, cifras irrisorias tratándose de una prestación de clara naturaleza alimentaria.

No incorporación de otros beneficiarios de leyes generales que cuentan con precedentes de la CSJN

     Debe tenerse presente que por Acordada 14/2014 la CSJN se dirigió al Poder Ejecutivo Nacional “a fin (…) de solicitar que se considere la necesidad o conveniencia de poner en ejercicio sus facultades como Jefe del Gobierno de la Administración Central de la República, a fin de disponer lo necesario para que agencias bajo su ámbito lleven a cabo un acatamiento institucional de las decisiones reiteradamente tomadas por esta Corte como tribunal supremo y último intérprete de la Constitución nacional y de sus leyes reglamentarias, en materia de determinación del haber inicial, de movilidad del haber, y de todo otra materia en que se hayan establecido consistentemente reglas de derecho; y de adoptar toda otra medida que se considere apropiada para el mejor logro del propósito que se persigue”.

     Las facultades extraordinarias que los poderes políticos ejercen en situaciones de emergencia deben adecuarse a los principios establecidos en la Constitución Nacional.

     Toda declaración de emergencia sea por decreto de necesidad y urgencia o por ley, se traduce en una gama infinita, y por cierto imprevisible, de posibilidades de cercenamiento de derechos; siempre importa una restricción a los particulares y una correlativa ampliación de facultades del Poder Ejecutivo, y por ello, su declaración solo se justifica frente a una situación límite y extraordinaria. La situación previsional argentina en

absoluto se encuadra en ese supuesto. La declaración de emergencia resulta para el caso, cuánto menos, innecesaria.

Consejo de Sustentabilidad Previsional

     El Proyecto, en su artículo 12, dispone la creación de un Consejo de Sustentabilidad Previsional, en el ámbito del Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social, cuyo objetivo será la elaboración de un proyecto de ley que contenga un nuevo régimen previsional. Proponemos que el mismo sea un régimen público y de reparto ya que nuestra Asociación tiene como principio rector la defensa del sistema Previsional Público.

     En el Proyecto, respecto del recálculo del haber inicial, el único ítem sobre el que se propone trabajar es el de la actualización de las remuneraciones. Sin embargo, un importantísimo número de jubilados ha cotizado, total o parcialmente, como trabajador autónomo y respecto cotizaciones o se aplicará ninguna de las pautas que la Corte Suprema ha establecido desde hace 30 años.

     A más de estos precedentes, existen en aplicación judicial fallos trascendentes de la Corte Suprema de la Nación en materia de topes (Argento, Federico Ernesto” – CSJN, A. 458. XL R.O.,26/03/2013; “Barrios Idilio Anelio” – CSJN, 21/08/2013), de reajuste de la Prestación Básica Universal (“Quiroga, Carlos Alberto” – CSJN – 11/11/14). Ninguna de estas sentencias de la Corte Suprema son tenidas en cuenta en los acuerdos transaccionales que propone el proyecto.

     Resulta innecesaria la inclusión de la respectiva prerrogativa en la ley, toda vez que constituye una facultad regular del Poder Ejecutivo la de constituir Comisiones en el ámbito de sus reparticiones y dependencias.

     Pero, lo importante, es que el proyecto omite la mención a que régimen se pretende dirigir la futura norma previsional, al régimen público y de reparto, o a un sistema de capitalización, que ya sabemos donde los lleva.-

     Resulta incuestionable la obligación indelegable del Estado de asegurar los beneficios de la seguridad social, tal como establece la Constitución Nacional.

En ese entendimiento es imprescindible la incorporación de esos términos, público y de reparto, en cualquier reforma previsional que se pretenda encarar.

     Se desprende de lo manifestado y de los argumentos vertidos en el presente que, la Ley que se pretende implementar se puede tildar a futuro de inconstitucional y nuestra Asociación debe bregar para que se cumpla con lo dispuesto en la Carta Magna y se respeten los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Declaración de “emergencia en materia de litigiosidad previsional”

     La Ley de la Administración Nacional de la Seguridad Social que crea el Programa Nacional de Reparación Histórica prevé abonar la deuda que posee el Estado con numerosos jubilados y pensionados estableciendo un plazo para la cancelación del crédito de tres años prorrogable por tres años más.

     El artículo 1º del Proyecto, no debe formar parte de la norma a dictarse.

     El proyecto declara en su art. 1º la “ emergencia en materia de litigiosidad previsional”, fundando esta decisión en la existencia de cientos de miles de reclamos judiciales “ que no han tenido una respuesta satisfactoria desde el Estado Nacional, acumulándose así una importante deuda con los jubilados”.

     La declaración de emergencia en materia de litigiosidad previsional hace suponer que aquello con lo que el Estado no ha cumplido es “con los juicios”. Lo que en realidad no ocurrió en estos años es que: 1) se liquide correctamente el haber inicial; y 2) Se otorgue correcta movilidad al mismo; esto es lo que genera juicios. Entonces, la litigiosidad es solo un efecto de la problemática de incorrecto cálculo de la jubilación y su insuficiente movilidad.

     El punto de vista desde el que se encare una “solución” no es atacando el “efecto” (los juicios), sino la causa (cálculo incorrecto de la jubilación y su movilidad). Solo así terminarán los juicios y no se iniciarán nuevos.

     De allí que declarar una emergencia en “materia de litigiosidad” (con el solo fin de ofertar un aumento jubilatorio a cambio de dejar sin efecto un juicio) entraña el peligro de habilitar medidas que impliquen una eventual restricción o suspensión de derechos respecto –precisamente- de aquellos que no acepten la oferta y quieran continuar con sus juicios o esperar el pago de una sentencia que ya se encuentre firme.

Utilización, para la actualización de las remuneraciones, de un índice diferente e inferior al reconocido por la Justicia

     Es de suponer que un Importante número de jubilados continuarán con sus juicios y muchos más decidirán esperar el pago de la sentencia si esta se encuentra firme. Todo ello debido a la gran diferencia existente entre los distintos índices que se aplicarán por el cálculo del haber y de las retroactividades.

     Esta oferta arrojará un monto menor por tres razones: 1) por la elección de un índice de actualización de remuneraciones diferente y notablemente menor al contemplado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente “Elliff, Alberto José (CSJN-ago. 2009); 2) por el mantenimiento, en el cálculo de haber jubilatorio, de topes y quitas que han sido declarados inconstitucionales por el Supremo Tribunal; y 3) por la falta de actualización de los montos del tope máximo jubilatorio y de la remuneración imponible máxima.

No cumplimiento de las sentencias firmes, en los términos en los que se dictaron

     Es fundamental señalar que un juicio con sentencia firme Anses está obligada a efectivizarlo en un plazo de 120 días hábiles a partir de la fecha de notificación correspondiente.

     Ante la imposibilidad de su cumplimiento la Ley prevé un mecanismo de cancelación en un primer pago del 50% y el saldo en 12 cuotas trimestrales actualizado según movilidad, ya no puede ser objeto de transacción en tanto modo anormal de terminación del proceso (cfr. Art. 308, CPCCN), básicamente, porque ya no hay obligaciones litigiosas o dudosas arts. 1641,1644,1645,y 1647 CC y CN; (art. 15 de LCT) sino derechos reconocidos, con lo cual se estaría vulnerando el principio de irrenunciabilidad, art. 14 bis de la Constitución Nacional, aplicable en materia laboral y de seguridad social – y con ello, toda posibilidad válida de homologación judicial.

     Una transacción implica concesiones recíprocas, lo que no ocurre en estos casos, puesto que el Estado propone al jubilado a adherir a un cierto núcleo duro de condiciones sobre los que versa la ley; por lo tanto, estamos frente a un contrato de adhesión en los términos transaccionales del Código Civil y Comercial de la Nación. Por otro lado el jubilado cede agobiado por la espera para hacer efectivo su derecho y por la necesidad en que se encuentra en general por lo avanzado de su edad. Es decir la voluntad del jubilado está viciada. El Estado lo único que cede, si es que cede en algo, es la voluntad de pagar y eso no es algo que esté interpelado, cuestionado. El Estado está obligado a pagar.

     Si verdaderamente se busca hacer justicia, al núcleo de jubilados que tiene un estado de necesidad imperante, ya sea por la edad mayor a 80 años o por enfermedad terminal, corresponde se le pague íntegramente todo lo que se debe sin aplicación de ningún tope considerado inconstitucional, solo así, existe concesión del Estado, en pos de mejorar a un grupo sensible; y la desigualdad se encontraría fundada en una mejoría a aquellos que están en peor circunstancia.

     En rigor, las sentencias firmes deben cumplirse por respeto a la cosa juzgada y al carácter no solo alimentario, sino “irrenunciable” de los beneficios de la seguridad social, tal como lo establece la Constitución Nacional; y no sólo aquellas que haya quedado firmes al 30 de mayo último, sino todas las que se vayan dictando en el futuro.

Encuadre en un grupo o en otro conforme el estado a una fecha muy anterior a la que el jubilado puede aceptar la oferta

     La Ley prevé que el jubilado forma parte del grupo “con sentencia firme” o “ en juicio “ pero sin sentencia firme” o “sin juicio”, conforme la situación al 27 de mayo de 2016.

     Esto genera una gran injusticia, ya que si se ha dicho que se va a ofertar una mejora a 2.350.000 jubilados y pensionados, con una edad promedio de 74 años, y esto va a ocurrir en el lapso de 3 años, puede entenderse que a los beneficiarios de 74 años se les efectuará la oferta, o al menos, podrán aceptarla, a fines de 2017 y a todos los menores a esa edad de 2018 en adelante.

     Entonces, a personas que recién en 2018 podrán aceptar y cobrar, se los incorporará en uno y otro grupo (con sus importantes diferencias) según el estado a mayo de 2016.

     Esto es particularmente grave respecto de aquellas personas que obtendrán sentencia firme en los próximos meses y que, no pagándose la misma, la oferta a realizárseles los compute como “sin sentencia firme”.

     De esta forma, se desanima a este grupo a aceptar aquella propuesta en el futuro, dándose una gran desigualdad, en virtud que a medida que el tiempo transcurra se aleja de la fecha de corte de mayo de 2016.

     Es claro que la pertenencia a uno u otro grupo debe determinarse al momento en que el beneficiario se encuentre en condiciones de aceptar la oferta.

No incorporación, en la oferta de reajuste, de los beneficios otorgados por el ex régimen de capitalización individual

     No resulta ni justo, ni razonable, ni igualitario, que no se reconózcanlos derechos que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reconocido a los beneficios otorgados por el ex régimen de capitalización individual.

     Esto son, el otorgamiento del complemento al haber mínimo, en los casos en que la prestación es menor a dicho monto (precedente “Etchart, Fernando M”- CSJN, oct-2015) y el reconocimiento de pago, por parte del Estado, de la diferencia con el haber que- por la misma contingencia y con las mismas remuneraciones y demás condiciones- se hubiera obtenido en el régimen de reparto (precedente “Deprati, Adrián F.”-CSJN, feb-2016). Los fundamentos de ambos fallos son contundentes y basados en profundas garantías constitucionales incumplidas.

En el primer caso, por falta de previsión de las sucesivas normativas, situación tampoco contemplada en el proyecto, existe una importante

cantidad de pensiones por fallecimiento que hoy se abonan por compañías de seguros de retiro por montos muy inferiores al haber mínimo vigente (existen casos de cobro de $ 1000 o 600 como prestación de pensión por fallecimiento, cifras irrisorias tratándose de una prestación de clara naturaleza alimentaria.

No incorporación de otros beneficiarios de leyes generales que cuentan con precedentes de la CSJN

     Debe tenerse presente que por Acordada 14/2014 la CSJN se dirigió al Poder Ejecutivo Nacional “a fin (…) de solicitar que se considere la necesidad o conveniencia de poner en ejercicio sus facultades como Jefe del Gobierno de la Administración Central de la República, a fin de disponer lo necesario para que agencias bajo su ámbito lleven a cabo un acatamiento institucional de las decisiones reiteradamente tomadas por esta Corte como tribunal supremo y último intérprete de la Constitución nacional y de sus leyes reglamentarias, en materia de determinación del haber inicial, de movilidad del haber, y de todo otra materia en que se hayan establecido consistentemente reglas de derecho; y de adoptar toda otra medida que se considere apropiada para el mejor logro del propósito que se persigue”.

     Las facultades extraordinarias que los poderes políticos ejercen en situaciones de emergencia deben adecuarse a los principios establecidos en la Constitución Nacional.

     Toda declaración de emergencia sea por decreto de necesidad y urgencia o por ley, se traduce en una gama infinita, y por cierto imprevisible, de posibilidades de cercenamiento de derechos; siempre importa una restricción a los particulares y una correlativa ampliación de facultades del Poder Ejecutivo, y por ello, su declaración solo se justifica frente a una situación límite y extraordinaria. La situación previsional argentina en

absoluto se encuadra en ese supuesto. La declaración de emergencia resulta para el caso, cuánto menos, innecesaria.

Consejo de Sustentabilidad Previsional

     El Proyecto, en su artículo 12, dispone la creación de un Consejo de Sustentabilidad Previsional, en el ámbito del Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social, cuyo objetivo será la elaboración de un proyecto de ley que contenga un nuevo régimen previsional. Proponemos que el mismo sea un régimen público y de reparto ya que nuestra Asociación tiene como principio rector la defensa del sistema Previsional Público.

     En el Proyecto, respecto del recálculo del haber inicial, el único ítem sobre el que se propone trabajar es el de la actualización de las remuneraciones. Sin embargo, un importantísimo número de jubilados ha cotizado, total o parcialmente, como trabajador autónomo y respecto cotizaciones o se aplicará ninguna de las pautas que la Corte Suprema ha establecido desde hace 30 años.

     A más de estos precedentes, existen en aplicación judicial fallos trascendentes de la Corte Suprema de la Nación en materia de topes (Argento, Federico Ernesto” – CSJN, A. 458. XL R.O.,26/03/2013; “Barrios Idilio Anelio” – CSJN, 21/08/2013), de reajuste de la Prestación Básica Universal (“Quiroga, Carlos Alberto” – CSJN – 11/11/14). Ninguna de estas sentencias de la Corte Suprema son tenidas en cuenta en los acuerdos transaccionales que propone el proyecto.

     Resulta innecesaria la inclusión de la respectiva prerrogativa en la ley, toda vez que constituye una facultad regular del Poder Ejecutivo la de constituir Comisiones en el ámbito de sus reparticiones y dependencias.

     Pero, lo importante, es que el proyecto omite la mención a que régimen se pretende dirigir la futura norma previsional, al régimen público y de reparto, o a un sistema de capitalización, que ya sabemos donde los lleva.-

     Resulta incuestionable la obligación indelegable del Estado de asegurar los beneficios de la seguridad social, tal como establece la Constitución Nacional.

En ese entendimiento es imprescindible la incorporación de esos términos, público y de reparto, en cualquier reforma previsional que se pretenda encarar.

     Se desprende de lo manifestado y de los argumentos vertidos en el presente que, la Ley que se pretende implementar se puede tildar a futuro de inconstitucional y nuestra Asociación debe bregar para que se cumpla con lo dispuesto en la Carta Magna y se respeten los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Buscanos en las Redes

facebookInstagram

Ingresar

Venta en Linea

Pagar
Pagar
Pagar
Pagar

RESOLUCION Nº 7 DE LA PRESIDENCIA DE LA CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

19 Abril 2020

Poder Judicial de la Nación USO OFICIAL RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N°: 7Buenos Aires, 17 de abril de 2020. VISTO:La gran cantidad de escritos digitales que ingresaron en el primer día...

Comunicado APOPS

13 Abril 2020
Comunicado APOPS

PRORROGA DE MORATORIA

26 Junio 2019
PRORROGA DE MORATORIA

Segun publicacion del diario Clarin.com.del dia 26 de Junio de 2019 se dispuso la´prorroga de la moratoria para las mujeres. Se transcribe dicho articulo El Director Ejecutivo de la ANSeS,...

CERRADA POR VACACIONES

06 Enero 2019

LA ADAP PERMANECERA CERRADA DESDE EL  14  HASTA EL 27 DE ENERO DE 2019 AMBOS DIAS INCLUSIVE

CENA DE FIN DE AÑO

05 Diciembre 2018

CENA DE FIN DE AÑO   LA ADAP INVITA A TODOS A LA CENA DE FIN DE AÑO QUE SE REALIZARA EN: CASA MERAKI EVENTOS THAMES 1951-CABA DIA 12 DE...

INFORMACION IMPORTANTE

26 Noviembre 2018

  COMUNICAMOS A TODOS LOS SOCIOS QUE ANSES PERMANECERA CERRADA LOS DIA 26-27 Y 30 DE NOVIEMBRE DE 2018.  

DIAS INHABILES

11 Octubre 2018

POR ACORDADAS DE LA CORTE SE DECLARARON INHABILES LOS SIGUIENTES DIAS 17 ,19 Y 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 JUZGADOS FEDERALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL MARCELO T. DE ALVEAR 1840....

INHABIL 25 DE JUNIO DE 2018

02 Julio 2018

  La Corte Suprema mediante la acordada  Nº 20/18 declaro inhabil el dia 25 de Junio de 2018

RESOLUCION 100/018

28 Junio 2018

 AVISO IMPORTANTE Se fija el dia 31 de Agosto de 2018 como fecha de vencimiento de los plazos establecidos en el Art. 3ª de la Resolucion 2017-224 de ANSES.

AVISO IMPORTANTE

14 Noviembre 2017

AVISO IMPORTANTE    Informamos a todos los socios que el dia 15 de Noviembre  habra PARO   a partir de las 10 de la mañana y el dia 16 de...

INFORMACION IMPORTANTE

03 Octubre 2017

Se informa a todos los socios que el Cafe Previsional programado para el dia 4  del corriente mes sera trasladado, por unica  vez, para el dia 11 de Octubre en...

AUMENTO DE LOS HABERES PREVISIONALES

07 Septiembre 2017

AUMENTO DEL 13,32% PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS En el marco de la Ley de Movilidad Jubilatoria Nº 26.417, los haberes previsionales aumentan un 13,32% a partir del 1º de septiembre....

Paro Nacional

16 Marzo 2017
Paro Nacional

Quien está en linea

Hay 778 invitados y un miembro en línea

  • 22535393

Articulos más leidos

Copyright © 2017. All Rights Reserved.